Los sucesos de Vitoria, también conocidos como la matanza del 3 de marzo,1 2 3 4 5 tuvieron lugar el 3 de marzo de 1976 en la localidad española de Vitoria, capital de Álava (País Vasco), pocos meses después de la muerte del dictador Francisco Franco y en plena Transición Española. Durante una jornada de huelga, la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos para desalojar a los trabajadores que estaban reunidos en asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio obrero de Zaramaga, y disparó contra los que salían de la iglesia. La actuación policial se saldó con cinco personas muertas y más de 150 heridos de bala.
Durante el mes de enero de 1976, unos seis mil trabajadores iniciaban una huelga en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Dos meses después convocaban por tercera vez una huelga general que fue masivamente seguida el día 3 de marzo. Ese mismo día la policía armada entró en la iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria, en la que estaba previsto realizar una asamblea de trabajadores y, haciendo caso omiso de la decisión del párroco y del contenido del concordato, conminó al desalojo. Apenas unos segundos después disparaban gases lacrimógenos en un recinto cerrado y abarrotado de gente creando indignación y sobre todo pánico. Los que salieron por delante medio asfixiados y con pañuelos en la boca fueron apaleados por los flancos y a los del frente les dispararon.
La policía resolvió la situación que habían creado a tiro limpio, resultando muertos Pedro María Martínez Ocio, trabajador de Forjas Alavesas, de 27 años, Francisco Aznar Clemente, operario de panaderías y estudiante, de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, de 19 años, José Castillo, de Basa, una sociedad del Grupo Arregui, de 32 años. Dos meses después moriría Bienvenido Pereda, trabajador de Grupos Diferenciales, con 30 años. Dos obreros muertos en el lugar de los hechos, cuatro heridos muy graves de los cuales tres morirían, y varios heridos más, algunos con herida de bala.
Aquel jueves el Secretario General del SPD de Alemania cancelaba la entrevista con Fraga que participaba en una campaña diplomática para vender internacionalmente una reforma avalada por la monarquía. El sábado, Manuel Fraga Iribarne, entonces Ministro de la Gobernación, junto con Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales, y el General Campano, director de la Guardia Civil, intentaban, visitando a los heridos, reducir el impacto de su decisión.
Todavía prohibidos los derechos de reunión, manifestación y de huelga, los sindicatos, ilegales también, convocan huelgas en toda España. Tuvieron especial importancia en el cinturón industrial madrileño y en Vitoria. La respuesta del gobierno fue la habitual represión policial, que en Vitoria produjo cinco manifestantes muertos y varios centenares de heridos el 9 de marzo durante una carga antidisturbios. Los altercados se multiplicaron y las huelgas generales de protesta se sucedieron durante varios meses.
Estos incidentes aceleraron la acción de la oposición democrática, y su unidad de acción. La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia se fusionan en la Coordinación Democrática o Platajunta el 26 de marzo. Esta nueva junta ejerce mayor presión política sobre el gobierno, exigiendo amnistía, libertad sindical, democracia y rechaza las leyes reformistas.
En 2008, una comisión del Parlamento Vasco consideró responsables políticos de los sucesos a los "titulares de los ministerios actuantes en este conflicto": Manuel Fraga Iribarne, ministro de Gobernación (en Alemania durante los sucesos, correspondiéndole ser "ministro de jornada", encargado de cubrir ausencias de otros y de asumir responsabilidades a Adolfo Suárez), Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, y Alfonso Osorio, ministro de Presidencia.6
Interpol solicitó en 2014 la detención preventiva con fines de extradición de varios implicados en la matanza.7
En el caso de Rodolfo Martín Villa, la jueza argentina María Servini de Cubría considera que es “responsable de la represión” y que “los hechos de los que resulta responsable” son sancionables con las “penas de reclusión o prisión perpetua”, en referencia al delito de homicidio con el agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas.
Para Servini, los delitos de Martin Villa y del resto de los imputados constituyen crímenes de lesa humanidad y sus responsables están sujetos a persecución a través del principio de jurisdicción universal.
La jueza imputa también responsabilidades a Alfonso Osorio, ministro de Presidencia que “junto a Adolfo Suárez y Martín Villa decidió que el operativo fuese dirigido por un mando único para que coordinase y mandase a todas las fuerzas por orden público”. Servini también pide la detención y extradición de Jesús Quintana, capitán de la Policía Armada al mando de las fuerzas que asaltaron el templo.7
Tras la investidura a la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo del Partido Nacionalista Vasco formuló el 19 de mayo de 2004 una pregunta al Senado en la que se interesaba por el esclarecimiento de los hechos de Vitoria.8 El 16 de junio de 2011, Partido Nacionalista Vasco, Aralar, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua presentaron una propuesta en el Parlamento Vasco para incluir a las víctimas de los sucesos de Vitoria en la Ley de reconocimiento de las víctimas del terrorismo, que tramitaba el Congreso de los Diputados. Aunque apoyaron la necesidad de reparación, Partido Socialista de Euskadi, Partido Popular y UPyD rechazaron considerarles "víctimas del terrorismo". El PSE consideró que estos hechos debían ser incluidos en la ponencia sobre víctimas de motivación política que comenzaría poco después en el Parlamento Vasco.9
Por primera vez, el 3 de marzo de 2012, el Gobierno Vasco homenajeó a las víctimas de la violencia policial de 1976. La portavoz de Gobierno Vasco y consejera de Justicia, Idoia Mendia participó en una ofrenda floral acompañada de los secretarios generales de UGT y CC.OO. (sindicatos a los que pertenecían los muertos).10
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesos_de_Vitoria
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| memorial de las víctimas del 3 de marzo de 1976 |
La policía resolvió la situación que habían creado a tiro limpio, resultando muertos Pedro María Martínez Ocio, trabajador de Forjas Alavesas, de 27 años, Francisco Aznar Clemente, operario de panaderías y estudiante, de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, de 19 años, José Castillo, de Basa, una sociedad del Grupo Arregui, de 32 años. Dos meses después moriría Bienvenido Pereda, trabajador de Grupos Diferenciales, con 30 años. Dos obreros muertos en el lugar de los hechos, cuatro heridos muy graves de los cuales tres morirían, y varios heridos más, algunos con herida de bala.
Aquel jueves el Secretario General del SPD de Alemania cancelaba la entrevista con Fraga que participaba en una campaña diplomática para vender internacionalmente una reforma avalada por la monarquía. El sábado, Manuel Fraga Iribarne, entonces Ministro de la Gobernación, junto con Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales, y el General Campano, director de la Guardia Civil, intentaban, visitando a los heridos, reducir el impacto de su decisión.
Todavía prohibidos los derechos de reunión, manifestación y de huelga, los sindicatos, ilegales también, convocan huelgas en toda España. Tuvieron especial importancia en el cinturón industrial madrileño y en Vitoria. La respuesta del gobierno fue la habitual represión policial, que en Vitoria produjo cinco manifestantes muertos y varios centenares de heridos el 9 de marzo durante una carga antidisturbios. Los altercados se multiplicaron y las huelgas generales de protesta se sucedieron durante varios meses.
Estos incidentes aceleraron la acción de la oposición democrática, y su unidad de acción. La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia se fusionan en la Coordinación Democrática o Platajunta el 26 de marzo. Esta nueva junta ejerce mayor presión política sobre el gobierno, exigiendo amnistía, libertad sindical, democracia y rechaza las leyes reformistas.
En 2008, una comisión del Parlamento Vasco consideró responsables políticos de los sucesos a los "titulares de los ministerios actuantes en este conflicto": Manuel Fraga Iribarne, ministro de Gobernación (en Alemania durante los sucesos, correspondiéndole ser "ministro de jornada", encargado de cubrir ausencias de otros y de asumir responsabilidades a Adolfo Suárez), Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, y Alfonso Osorio, ministro de Presidencia.6
Interpol solicitó en 2014 la detención preventiva con fines de extradición de varios implicados en la matanza.7
En el caso de Rodolfo Martín Villa, la jueza argentina María Servini de Cubría considera que es “responsable de la represión” y que “los hechos de los que resulta responsable” son sancionables con las “penas de reclusión o prisión perpetua”, en referencia al delito de homicidio con el agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas.
Para Servini, los delitos de Martin Villa y del resto de los imputados constituyen crímenes de lesa humanidad y sus responsables están sujetos a persecución a través del principio de jurisdicción universal.
La jueza imputa también responsabilidades a Alfonso Osorio, ministro de Presidencia que “junto a Adolfo Suárez y Martín Villa decidió que el operativo fuese dirigido por un mando único para que coordinase y mandase a todas las fuerzas por orden público”. Servini también pide la detención y extradición de Jesús Quintana, capitán de la Policía Armada al mando de las fuerzas que asaltaron el templo.7
Tras la investidura a la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo del Partido Nacionalista Vasco formuló el 19 de mayo de 2004 una pregunta al Senado en la que se interesaba por el esclarecimiento de los hechos de Vitoria.8 El 16 de junio de 2011, Partido Nacionalista Vasco, Aralar, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua presentaron una propuesta en el Parlamento Vasco para incluir a las víctimas de los sucesos de Vitoria en la Ley de reconocimiento de las víctimas del terrorismo, que tramitaba el Congreso de los Diputados. Aunque apoyaron la necesidad de reparación, Partido Socialista de Euskadi, Partido Popular y UPyD rechazaron considerarles "víctimas del terrorismo". El PSE consideró que estos hechos debían ser incluidos en la ponencia sobre víctimas de motivación política que comenzaría poco después en el Parlamento Vasco.9
Por primera vez, el 3 de marzo de 2012, el Gobierno Vasco homenajeó a las víctimas de la violencia policial de 1976. La portavoz de Gobierno Vasco y consejera de Justicia, Idoia Mendia participó en una ofrenda floral acompañada de los secretarios generales de UGT y CC.OO. (sindicatos a los que pertenecían los muertos).10
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesos_de_Vitoria
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