La Brigada Político-Social (BPS), cuyo nombre oficial era Brigada de Investigación Social (BSI),1 fue la policía secreta que existió durante la dictadura franquista, encargada de perseguir y reprimir a todos los movimientos de la oposición al franquismo. Orgánicamente constituía una sección del Cuerpo General de Policía (CGP). Durante la transición fue reestructurada y sustituida por la Brigada Central de Información.
Entre la oposición antifranquista fue conocida comúnmente como La Social, La Secreta o La Brigada.
Orígenes y creación
Su antecedente inmediato fue el Decreto de 24 de junio de 1938 de los sublevados en la Guerra Civil que creaba, en el ámbito civil y dentro de las competencias de los gobernadores en las distintas provincias, un Negociado político específico para "el control de las materias en la acción política" y la "prevención y represión" de cualesquiera actividades que "obstruyan o desvíen" las "directrices generales del gobierno". Muchos de sus primeros integrantes procedían del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), el servicio secreto franquista durante la Guerra civil dirigido por el general José Ungría Jiménez.2 En 1940, después de la visita a España del líder nazi Heinrich Himmler, este envió a un adjunto suyo, Paul Winzer, para que instruyera a la nueva policía secreta española.3 Winzer era un oficial de las SS y la Gestapo que estuvo destinado en España instruyendo a los nuevos agentes de la Brigada Político-Social hasta 1944.
La Brigada fue creada formalmente en 1941 con la Ley sobre funcionamiento de las Jefaturas Superiores de Policía y la Ley de Vigilancia y Seguridad. Blas Pérez González, ministero de Gobernación entre 1942 y 1957, fue en esos años el autor y principal organizador de la eficacia que alcanzó la Brigada durante su historia.4 De hecho, Pérez González se distinguió como un eficaz organizador de la policía franquista durante el periodo de su ministerio.4
Acción represora
El comisario Roberto Conesa fue nombrado jefe de la Brigada durante los últimos años del franquismo y la época de la Transición. Se hizo conocido entre los sectores clandestinos de izquierdas por sus brutales métodos de interrogatorio y tortura. Otro policía muy destacado fue Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Guipúzcoa y que era conocido por sus brutales torturas durante los interrogatorios.5 Manzanas fue asesinado en 1968 por la organización terrorista vasca ETA, constituyendo su primer asesinato premeditado.
Otro de los policías que destacó por sus métodos violentos durante los interrogatorios en la sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) fue Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño".1 González Pacheco llegó a convertirse en el número dos del Comisario Conesa en la Brigada Político-Social.6
Antoni Batista y la asociación de jueces, fiscales y abogados, Justicia Democrática, son las que más han profundizado la tarea represora de la Brigada Político-Social. Justicia Democrática destacó en sus informes, todavía en plena dictadura, que se practicaban "las torturas policiales en régimen de expresa impunidad" cuando se suspendieron los derechos durante los múltiples estados de excepción que desde la década de 1960 hasta la muerte del dictador se declararon en especial en tres zonas: País Vasco, Cataluña y Madrid. En los informes se señaló que, en aquellas situaciones y lugares donde no se estaba en régimen de excepción, las brigadas presentaban sus informes y peticiones para la firma de los jueces sin formalismo alguno, con premura y bajo un clima de amenaza. La posibilidad de que un juez se negara eran remotas, y la de que pudiera investigar libremente cualquier denuncia de los detenidos y/o torturados también, máxime cuando ellos mismos estaban sometidos a la acción de las Brigadas.
En 1978 fue reestructurada y sustituida por la Brigada Central de Información (BCI), pero su desaparición no se formalizó completamente hasta la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aprobada durante el primer gobierno socialista de Felipe González. El proceso de la Transición no tuvo en cuenta ninguna depuración contra miembros de la Brigada Político Social. Así, después de la desaparición de la Brigada, buena parte de sus integrantes continuaron con sus carreras en la policía española, como fue el caso del propio Comisario Conesa al frente de la recién creada BCI.8
La Brigada Político-Social se estructuraba dentro del Cuerpo General de Policía (CGP), que a su vez dependía de la Dirección General de Seguridad (DGS) y el Ministerio de Gobernación. En sus primeros años de historia también estuvo compuesta por elementos falangistas. Cuando la Guardia Civil actuaba en núcleos urbanos, se integraba en la estructura de la Brigada. En algunas ocasiones la actividad guerrillera de los Maquis republicanos llegó a provocar la intervención de unidades especiales de la BPS, como ocurrió en 1944 con las acciones de la agrupación guerrillera que actuaba en la zona de Granada y alrededores.9
Sus agentes dependían directamente de los gobernadores civiles y del ministerio de la Gobernación, y su función represora se ejercía en el ámbito de la oposición al franquismo y de cualesquiera grupos sociales, basándose en toda la normativa represora del régimen, en especial la Ley Represora de la Masonería y el Comunismo, la Ley de Unidad Sindical, la Ley de Responsabilidades Políticas, la de peligrosidad y rehabilitación social y la de vagos y maleantes. Sus acciones consistían en seguimientos, escuchas telefónicas, control de la correspondencia particular y de las empresas y colectivos, (todo ello sin control judicial alguno), detenciones gubernativas indefinidas, confiscación e incautación de bienes y la práctica de la tortura para la averiguación de los hechos o como forma de castigo. La aplicación del Fuero de los Españoles, que en teoría garantizaba algunos de los derechos fundamentales, quedó en la práctica sin efecto, dado que las funciones de "prevención del delito" que la legislación le asignaba, permitía a sus miembros argumentar detenciones aunque ni siquiera existieran sospechas fundadas sobre la comisión de un delito. También, las numerosas situaciones de excepción decretadas por el régimen, permitieron suspender la aplicación del Fuero durante largos periodos de tiempo y en territorios determinados. Una de las prácticas comunes de la BPS, y a la vez de las más temidas por los afectados, eran los registros policiales de viviendas.8
Muchas de sus actividades eran examinadas por dos tribunales creados específicamente para la represión política: el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y posteriormente los Tribunales de Orden Público (TOP), con lo que los tribunales y jueces ordinarios apenas podían conocer de los asuntos de la Brigada.
Entre la oposición antifranquista fue conocida comúnmente como La Social, La Secreta o La Brigada.
Orígenes y creación
Su antecedente inmediato fue el Decreto de 24 de junio de 1938 de los sublevados en la Guerra Civil que creaba, en el ámbito civil y dentro de las competencias de los gobernadores en las distintas provincias, un Negociado político específico para "el control de las materias en la acción política" y la "prevención y represión" de cualesquiera actividades que "obstruyan o desvíen" las "directrices generales del gobierno". Muchos de sus primeros integrantes procedían del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), el servicio secreto franquista durante la Guerra civil dirigido por el general José Ungría Jiménez.2 En 1940, después de la visita a España del líder nazi Heinrich Himmler, este envió a un adjunto suyo, Paul Winzer, para que instruyera a la nueva policía secreta española.3 Winzer era un oficial de las SS y la Gestapo que estuvo destinado en España instruyendo a los nuevos agentes de la Brigada Político-Social hasta 1944.
La Brigada fue creada formalmente en 1941 con la Ley sobre funcionamiento de las Jefaturas Superiores de Policía y la Ley de Vigilancia y Seguridad. Blas Pérez González, ministero de Gobernación entre 1942 y 1957, fue en esos años el autor y principal organizador de la eficacia que alcanzó la Brigada durante su historia.4 De hecho, Pérez González se distinguió como un eficaz organizador de la policía franquista durante el periodo de su ministerio.4
Acción represora
Sede de la BPS en Via Laietana, Barcelona,
la casa del terror.
El comisario Roberto Conesa fue nombrado jefe de la Brigada durante los últimos años del franquismo y la época de la Transición. Se hizo conocido entre los sectores clandestinos de izquierdas por sus brutales métodos de interrogatorio y tortura. Otro policía muy destacado fue Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Guipúzcoa y que era conocido por sus brutales torturas durante los interrogatorios.5 Manzanas fue asesinado en 1968 por la organización terrorista vasca ETA, constituyendo su primer asesinato premeditado.
la casa del terror.
Otro de los policías que destacó por sus métodos violentos durante los interrogatorios en la sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) fue Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño".1 González Pacheco llegó a convertirse en el número dos del Comisario Conesa en la Brigada Político-Social.6
Antoni Batista y la asociación de jueces, fiscales y abogados, Justicia Democrática, son las que más han profundizado la tarea represora de la Brigada Político-Social. Justicia Democrática destacó en sus informes, todavía en plena dictadura, que se practicaban "las torturas policiales en régimen de expresa impunidad" cuando se suspendieron los derechos durante los múltiples estados de excepción que desde la década de 1960 hasta la muerte del dictador se declararon en especial en tres zonas: País Vasco, Cataluña y Madrid. En los informes se señaló que, en aquellas situaciones y lugares donde no se estaba en régimen de excepción, las brigadas presentaban sus informes y peticiones para la firma de los jueces sin formalismo alguno, con premura y bajo un clima de amenaza. La posibilidad de que un juez se negara eran remotas, y la de que pudiera investigar libremente cualquier denuncia de los detenidos y/o torturados también, máxime cuando ellos mismos estaban sometidos a la acción de las Brigadas.
Ningún juez se atrevería a excusar la tortura en una resolución, pero algunos cierran sistemáticamente los ojos a todo signo de tortura y suscriben el argumento de la necesidad de la misma como método de investigación para no dejar inerme al Estado.Pero incluso en 1975, cuando ya se empezaba a vislumbrar el final del franquismo, en las dependencias de la BPS todavía continuaban realizándose con frecuencia las torturas, malos tratos y vejaciones a los detenidos, tal y como "palizas con la porra y toallas mojadas, quemaduras de cigarrillos o cortes con cuchillas de afeitar".7
Desaparición
Sus competencias fueron restringidas en sucesivos decretos aprobados en 1976, 1977 y 1981, éste último tras el fracasado golpe de Estado del 23 de febrero.En 1978 fue reestructurada y sustituida por la Brigada Central de Información (BCI), pero su desaparición no se formalizó completamente hasta la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aprobada durante el primer gobierno socialista de Felipe González. El proceso de la Transición no tuvo en cuenta ninguna depuración contra miembros de la Brigada Político Social. Así, después de la desaparición de la Brigada, buena parte de sus integrantes continuaron con sus carreras en la policía española, como fue el caso del propio Comisario Conesa al frente de la recién creada BCI.8
La Brigada Político-Social se estructuraba dentro del Cuerpo General de Policía (CGP), que a su vez dependía de la Dirección General de Seguridad (DGS) y el Ministerio de Gobernación. En sus primeros años de historia también estuvo compuesta por elementos falangistas. Cuando la Guardia Civil actuaba en núcleos urbanos, se integraba en la estructura de la Brigada. En algunas ocasiones la actividad guerrillera de los Maquis republicanos llegó a provocar la intervención de unidades especiales de la BPS, como ocurrió en 1944 con las acciones de la agrupación guerrillera que actuaba en la zona de Granada y alrededores.9
Sus agentes dependían directamente de los gobernadores civiles y del ministerio de la Gobernación, y su función represora se ejercía en el ámbito de la oposición al franquismo y de cualesquiera grupos sociales, basándose en toda la normativa represora del régimen, en especial la Ley Represora de la Masonería y el Comunismo, la Ley de Unidad Sindical, la Ley de Responsabilidades Políticas, la de peligrosidad y rehabilitación social y la de vagos y maleantes. Sus acciones consistían en seguimientos, escuchas telefónicas, control de la correspondencia particular y de las empresas y colectivos, (todo ello sin control judicial alguno), detenciones gubernativas indefinidas, confiscación e incautación de bienes y la práctica de la tortura para la averiguación de los hechos o como forma de castigo. La aplicación del Fuero de los Españoles, que en teoría garantizaba algunos de los derechos fundamentales, quedó en la práctica sin efecto, dado que las funciones de "prevención del delito" que la legislación le asignaba, permitía a sus miembros argumentar detenciones aunque ni siquiera existieran sospechas fundadas sobre la comisión de un delito. También, las numerosas situaciones de excepción decretadas por el régimen, permitieron suspender la aplicación del Fuero durante largos periodos de tiempo y en territorios determinados. Una de las prácticas comunes de la BPS, y a la vez de las más temidas por los afectados, eran los registros policiales de viviendas.8
Muchas de sus actividades eran examinadas por dos tribunales creados específicamente para la represión política: el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y posteriormente los Tribunales de Orden Público (TOP), con lo que los tribunales y jueces ordinarios apenas podían conocer de los asuntos de la Brigada.
Véase también
- Geheime Staatspolizei (Gestapo)
- Organización Contrasubversiva Nacional (OCN)
- Policía Internacional y de Defensa del Estado (PIDE)
- Servicio Central de Documentación (SECED)
