La transición - Adolfo Suarez y Calvo Sotelo
Caso del aceite de colza: venta fraudulenta de aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700.
Caso Fidecaya: un agujero en esta entidad de ahorro creada en 1952 e intervenida en 1980, con 250.000 afectados y una presunta estafa de 1.800 millones de pesetas. El Gobierno forzó una liquidación que el Tribunal de Cuentas consideró irregular. El déficit patrimonial de la empresa fue estimado provisionalmente en más de 7.000 millones de pesetas, la mitad de los ahorros depositados en ella, que fueron garantizado sen un 90% por el Estado. El propietario, Edmundo Alfaro, fue procesado por estafa, y Fidecaya comprada por Rumasa, ante la oposición del Gobierno. El caso fue archivado a petición de la Fiscalía en 1989.
Felipe Gonzalez Marquez
Durante los últimos años del gobierno de Felipe González (especialmente en la IVy V Legislaturas de España), se sucedieron diversos escándalos de corrupción:Caso Flick:
Trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE.
Caso KIO:
Suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).
Caso Wardbase,
Una causa separada del anterior, referida a un pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colon de Carvajal por importe de 1.900 millones de pesetas.
Caso de los fondos reservados:
Desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.
Caso Rumasa:
Expropiación, venta y liquidación de este holding en una operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.
Caso Filesa:
Financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. Posteriormente fue desglosado en:
Caso Ave,
Cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla; a su vez desglosado en:
Caso Seat:
Pago de 175 millones de pesetas por parte del SEAT al PSOE, para la recalificación irregular de terrenos de SEAT, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque en la Sentencia consideró probados los hechos, abosolvió a los acusados por haber prescrito el delito.
- Otros 3 sumarios.
Caso Osakidetza:
En las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un "cambiazo"masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad.
Caso Cesid:
Escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasunaen Vitoria.
Operación Mengele:
Presunto secuestro y expermientación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sedante que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruída por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.
Caso Guerra:
Condena de Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.
Caso Casinos:
Desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.
Caso Ibercorp:
Especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España.
Caso Urbanor:
Una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo absolvió a los acusados por las prescripción de los mismos. Sin embargo, la Audiendia de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio Supremo, por falsedad documental en su defensa.
Caso Sarasola:
Gestión irregular por parte de este empresario guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.
Caso Urralburu:
Una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente socialistade Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991. Urralburu, fue procesado y condenado junto al ex consejero Antonio Aragón.
Caso Bardellino:
Caso Godó:
Escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red.
Caso BFP:
En 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU y director general del Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.
Caso Gran Tibidabo:
Causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Caso Estevill,
Trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.
Caso Turiben:
Una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.
Caso Salanueva:
Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembrede 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, prtecio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romeroy de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.32
Caso Expo'92:
Cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue arhivada por juez Garzón tras siete años de instrucción.
Caso Roldán:
Llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civilentre 1986y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.
Caso Paesa,
Vinculado al anterior.
Caso Banesto:
Un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba.
Caso Palomino:
El cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.
Caso GAL:
Creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.
Petromocho:
Fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refineríade petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisón del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.
Caso Naseiro:
Financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.
Caso PSV:
Fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.
Caso Hormaechea:
Prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.
Caso de la minería:
Subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Angel Pérez Villar, ex senador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremoa ocho años de inhabilitación por prevaricación continuada.
Caso Sóller:
Prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller por parte del ex presidente de Baleares por el PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho.40
Siglo XXI
Gobierno de Jose Mª Aznar Lopez
Según publica el diario 'el país' el propio Aznar cobró sobresueldos del pp cuando ya era presidente del gobierno
tras su investidura, según publica 'el país', josé maría aznar recibió 2,7 millones de las antiguas pesetas, algo que prohibía la ley de incompatibilidades
José María Aznar cobró sobresueldos del partido popular cuando ya era presidente del gobierno, algo que prohibía la ley de incompatibilidades vigente en 1996. según publica el diario el país, aznar cobró 2.700.000 pesetas, casi 17.000 euros, tras su investidura.
La ley de incompatibilidades vigente aquel año era clara: ministros y presidentes de Gobierno no podían recibir ningún tipo de doble retribución. Sin embargo, el Partido Popular habría pagado hasta tres sobresueldos a Aznar cuando éste ya había sido investido presidente.
El cruce de datos de la contabilidad oficial del PP y de Hacienda, en poder del juez Pablo Ruz, desvela que el PP habría abonado a Aznar más de 12 millones de pesetas (unos 73.000 euros) entre el 31 de enero y el 17 de junio de 1996. Los tres últimos ingresos se registraron cuando Aznar ya había asumido el cargo. Estos pagos, en concepto de gastos de representación, alcanzaron los 2.700.000 pesetas, algo menos de 17.000 euros.
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/09/actualidad/1368117270_295251.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/espana/el-psoe-pide-a-aznar-que-devuelva-dinero-pida-perdon-y-explique-los-sobresueldos_794486.html
Caso Zamora:
Iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso feu archivado en 2002.41
Caso Pallerols:
en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.42
Caso del Lino:
En 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.43
Caso Sanlúcar:
En 1999 miembros del PSOE y algunos empresarios locales trataron de sobornar a un concejal del PP en Sanlúcar de Barrameda. Entre los 6 condenados por cohecho y tráfico de influencias en 2006 se hallaron los ex-alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona, Agustín Cuevas Batista y Luis Mario Aparcero Fernández de Retana.
Caso Villalonga:
Presunto tráfico de influencias del presidente de la CNMV, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica.
Caso Vitel:
Por el vaciado de fondos públicos para gastos privados mediante el uso de las tarjetas oficiales, están encausados el ex número dos del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos, -ex gerente electoral de la campaña de Matas y preso acusado de abusos a menores-, y Damián Vidal, ex gerente de la empresa de informática Bitel, que fue perito de parte a favor de Matas en una causa que se siguió por espionaje electrónico a un consejero socialista. De Santos acumula dos querellas por supuesta corrupción por cerca de dos millones de euros y Vidal está en libertad bajo fianza acusado de malversar 700.000 euros.
Caso Tabacalera:
presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.46
Caso Forcem:
presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.
Caso Gescartera:
Gobierno de Jose Luis Rodriguez Zapatero
Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero(VIIIy IX Legislatura de España) han trascendido los siguientes:Caso Malaya (desde 1991 hasta 2006)- Andalucía- Partido "GIL"
´Caso Malaya´: El saqueo a Marbella es de 500 millones
La red de testaferros del 'caso Malaya' blanqueó más de 671 millones a Roca. 500 M€ robados y 671,4 M€ blanqueados.
La red de testaferros del 'caso Malaya' blanqueó más de 671 millones a Roca. 500 M€ robados y 671,4 M€ blanqueados.
Deuda a la seguridad Social:
Andalucía, Partido Gil. 383,4 M€
Tramas Urbanisticas:
Corrupcion en el PSOE:
54 cargos públicos imputados en casos judiciales abiertos y 33 ex cargos públicos imputados en casos abiertos
Caso Gurtel:
Partido PP- Madrid-Valencia-120 M€ recaudados por la trama. 48,1 M€ blanqueados
Gobierno de Jaume Matas
PP- Baleares- La corrupción balear tiene a 40 ex cargos del PP imputados- 46,9 M€ sólo en 8 casos de los investigados
Diversos ayuntamientos del PP-Madrid
Recalificaciones y adjudicaciones presuntamente irregulares.
Caso Pretoria:
PSOE+CIU- CATALUÑA- El ‘caso Pretoria’ dejaba una media de 10 millones de euros en cada "pelotazo"- 44 M€
Ayuntamiento de Salamanca- PP-
Constructores con trato de favor-1.160.000€+20 M€
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ayuntamiento-salamanca-deja-prescribir-deuda-constructor-amigo-alcalde/csrcsrpor/20070926csrcsrnac_5/Teshttp://www.20minutos.es/noticia/339419/0/concentracion/subida/impuestos/
Caso Zarrafaya:
en 2005 el alcalde socialista de esta localidad granadina, Salvador Zamora, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con tres concejales -sentenciados a 7 años de cárcel-, por un delito de prevaricación administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también socialista José Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar la construcción.49
Caso Andratx:
El caso Andratx estalló el 27 de noviembrede 2006 con la detención del alcalde Hidalgo, el que era director general de Ordenación del territorio del Gobierno balear, Jaume Massot, y el celador municipal y socio del edil, Jaume Gibert. Hidalgo fue expulsado del PP y pasó 17 días privado de libertad, al igual que Gibert. Massot fue destituido del gobierno local y está imputado sin cargos específicos.El ya ex alcalde y el funcionario compraban terrenos, se asociaron con promotores, con el asesor jurídico y una arquitecta y se adjudicaban licencias para sus promociones, según la fiscalía. Ambos están imputados por los supuestos delitos de negociaciones prohibidas, cohecho, contra la ordenación territorial y prevaricación, asociación ilícita, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo.
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/caso-andratx-suma-condenas-por-irregularidades-urbanisticas-municipio.html
Caso de la Ciudad del Golf:
presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.50
Caso Bolín:
condena del ex alcalde popular de Benalmádena, Enrique Bolín, a ocho años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 16.200 euros, por prevaricación urbanística, al conceder licencias de obra ilegales (2008).51
Caso Salmón:
En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.52
Caso Sayalonga:
en 2009 José Luis Navas (PSOE), ex-alcalde de Sayalonga, es condenado a un año de cárcel y nueve de inhabilitado por un delito contra la ordenación del territorio perpetrados en 2000.53
Caso Matsa:
En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpiasdenunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.54
Caso Alzoaina:
el ex alcalde de Alozaina, Antonio Blanco (IU) es condenado en 2010 a veinte años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos en 2002 y 2003.55
Caso Plasenzuela:
presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina, del Partido Popular.56
Caso Castelfollit:
presunta falsedad de documento público por parte del alcalde de Castellfollit de la Roca, Moisés Coromina, para poder cobrar una subvención para construir el nuevo ayuntamiento.57
Caso de los EREs falsos:
una presunta red de corrupción políticavinculada a la Junta de Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían, presuntamente, Antonio Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo investigado por la justicia ordinaria y el Tribunal de Cuentas.58
Caso Riopedre o Renedo:
en enero de 2011 el ex consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias durante el gobierno Vicente Álvarez Areces, el socialista José Luis Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros.59
Caso Campeón:
una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 € al primo de Blanco cambio de subvenciones.60
Caso ITV:
derivado del anterior, una presunta trama de trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.61
Caso Millet:
presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la Música Catalana por parte del presidente de su patronato, Fèlix Millet, y otros colaboradores -como Jordi Montull-, a lo largo de 10 años. Según un informe policial, 12 millones habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya.62
Caso Cambril:
condena a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación del ex alcalde socialista de esta localidad jienense, Agustín Cubillo por prevaricar al conceder dos licencias de obra. Otros ocho implciados fueron condenados a seis meses de prisión.63
Caso Porcuna:
la ex alcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana María Moreno de la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber concedido tres licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros.64
Caso Nueva Rumasa:
quiebra y venta de este grupo empresariañ debido a las presuntas irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.65
Caso Nóos o Caso Urdangarin:
derviación del caso Palma Arena referente al fraude fiscal realizado por el exjugador de balonmano y duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Hacienda estima en más de 16 millones de euros el dinero recaudado por la trama de empresas del esposo de la Infanta Cristina.66
Caso Tótem:
Detenido el Alcalde, jefe de la Policía Local y secretaria del Ayuntamiento de Totana (Murcia), entre otros.67
Operación Biblioteca:
Detenido el Alcalde de Aledo (Murcia) y otros.68
Caso Brugal
Gobierno de Mariano Rajoy (2011-...)
Caso Emarsa:
presuntas irregularidades cometidas por los directivos vinculados al Partido Popularde la empresa Emarsa que se dedicaba a depurar las aguas residuales del área metropolitana de Valencia y cuya principal misión era la gestión de la planta depuradora de Pinedo. Los dos principales imputados son el expresidente de la empresa, el popularEnrique Crespo, y Esteban Cuesta, gerente de Emarsa, y exalcalde pedáneo de Benimámet nombrado por la alcaldesa de Valencia Rita Barberá.69
Caso Berzosa:
presuntas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en la gestión del ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa: un sobrecoste de 11,5 millones de euros en un residencial en Somosaguas y facturas imposibles (como 57 viajes en coche a Atenas, que obviamente no son tales, sino 57 entradas contables diferentes del mismo viaje). Por ello la Asamblea de Madridha reclamado la comparecencia tanto de Bezosa como de su sucesor, José Carrillo, ante la posibilidad de un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos e, incluso, tráfico de influencias. José Carrillo, actual rector, ha rendido cuentas ante la Asamblea de Madrid. La Fundación de la UCM ha defendido la gestión de Berzosa y prometido aclarar los problemas detectados.70
Operación Pitiusa:
88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.71
Caso Dívar:
El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo.72
Caso de la cooperación:
presunto desvío de más de 6 millones de euros en subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadaníade la Generalitat Valenciana a través de seis organizaciones no gubernamentales, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami.73
Caso Alcorcón:
según un informe del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Alcorcón -uno de los más endeudados de España- recibió -presuntamente- bajo el gobierno del socialista Enrique Cascallanacréditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la aquiescencia o dejadez del entonces Ministro de Economía Pedro Solbes. En la actualidad se esperan las alegaciones de los afectados.74
Caso Nóos:
caso que emerge en noviembre de 2011 cuando Iñaki Urdangarin, duque consorte de Palma de Mallorca, fue acusado de desviar fondos públicos para su propio beneficio mediante el Instituto Nóos, cuyo gestor era su socio Diego Torres. En abril de 2013, la Infanta Cristina es imputada por el Juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos.75 La Fiscalía Anticorrupción dice que recurrirá dicha imputación al no existir pruebas sólidas.76
Iñaki Urdangarin multiplicó por 20 sus ingresos en siete años, al pasar de 30 mil euros (unos 38 mil dólares) anuales en 2002 a 571 mil 844 euros (casi 740 mil dólares) en 2009, revelaron hoy medios locales.
La Agencia Tributaria entregó al juez José Castro, que instruye la causa judicial contra Urdangarin por diversos delitos de presunto desvío de recursos públicos y fraude, las declaraciones de la renta del yerno del rey de España.
El juez recibió también las declaraciones de la esposa de Urdangarin, la infanta Cristina de Borbón, pero aún no las integra al expediente, en espera de resolverse recursos de impugnación contra peticiones que hizo el sindicato de extrema derecha, Manos Limpias, parte acusatoria en el caso.
Además, el juez Castro está en espera del cruce de información entre la Agencia Tributaria y la Policía para determinar si se imputan también presuntos delitos fiscales.
En las declaraciones de Urdangarin se destaca que la reportada de 2009 la hizo cuando ya era parte del equipo de la empresa Telefónica en Washington.
Urdangarin y su socio Diego Torres están acusados de apropiarse de recursos públicos de los gobiernos autonómicos de Islas Baleares y Comunidad Valencia, al este del país.
El yerno del rey encabezaba el Instituto Nóos, dedicado a la organización de actividades deportivas, algunas de las que realizaban con ambos gobiernos y a través de la cual se transferían fondos públicos.
Los delitos por los que se les acusan son malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental y prevaricación.
La Agencia Tributaria entregó al juez José Castro, que instruye la causa judicial contra Urdangarin por diversos delitos de presunto desvío de recursos públicos y fraude, las declaraciones de la renta del yerno del rey de España.
El juez recibió también las declaraciones de la esposa de Urdangarin, la infanta Cristina de Borbón, pero aún no las integra al expediente, en espera de resolverse recursos de impugnación contra peticiones que hizo el sindicato de extrema derecha, Manos Limpias, parte acusatoria en el caso.
Además, el juez Castro está en espera del cruce de información entre la Agencia Tributaria y la Policía para determinar si se imputan también presuntos delitos fiscales.
En las declaraciones de Urdangarin se destaca que la reportada de 2009 la hizo cuando ya era parte del equipo de la empresa Telefónica en Washington.
Urdangarin y su socio Diego Torres están acusados de apropiarse de recursos públicos de los gobiernos autonómicos de Islas Baleares y Comunidad Valencia, al este del país.
El yerno del rey encabezaba el Instituto Nóos, dedicado a la organización de actividades deportivas, algunas de las que realizaban con ambos gobiernos y a través de la cual se transferían fondos públicos.
Los delitos por los que se les acusan son malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental y prevaricación.
Caso Bárcenas:
El 18 de enero de 2013, El Mundo77 publicó que Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato», con dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad y donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años. El diario exculpa a Rajoyy Cospedal que no habrían cobrado esas comisiones ilegales. según el diario Rajoy puso fin a la práctica en 2009.78 79 Publicaciones posteriores muestran datos que sugieren que el presidente Rajoy, y otros miembros de la actual cúpula del PP y ministros, como Cospedal cobraron dichos sobresueldos y que estos eran pagados por empresarios.80 Un informe de la Policía Nacional indica que los presidentes de varias empresas constructoras donaron 3,4 millones de euros al PP, en cantidades superiores por las permitidas por la ley, que fueron ingresados por Bárcenas como si se tratase de donaciones anónimas. Las empresas de estos constructores recibieron contratos por valor de 12.281 millones desde gobiernos del PP.
Caso Amy Martin:
En enero de 2013, salía a los medios de comunicación el caso Amy Martin, donde la Fundación Ideas, vinculada al PSOE, facturaba a nombre de una persona inventada. Más tarde se descubrió que Amy Martin estaba encarnada por la mujer del director de la Fundación, Carlos Mulas.
Fue destituido como Director General de la Fundación IDEAS por Jesús Caldera, vicepresidente de la Fundación, tras "verificar las informaciones que apuntaban a la falsa autoría de una serie de trabajos pagados por la Fundación a quien firmaba con el nombre de Amy Martin". La columnista fantasma habría cobrado entre 50 000 y 60 000 euros en dos años (entre 2010 y 2011) por 14 artículos (y sus 14 traducciones del inglés) y trabajos de documentación para artículos firmados por otros, con pagos de hasta 3 000 euros por artículo.
Caso de la Mafia Rusa:
El exalcalde de Lloret de Mar, el convergente Xavier Crespo, recibió decenas de miles de euros en cohechos de la trama de la mafia rusa desmantelada por el Servicio de Información de la Guardia Civil, según los investigadores de una operación que ha sido dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco e impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado. Los investigadores cuentan no solo con el testimonio de Jessica Holguin, secretaria del principal implicado, Andrei Petrov, sino también con indicios derivados de los primeros análisis de la documentación intervenida.
Pero además la investigación aportó ayer más novedades importantes. En concreto, la detención en Gerona de Konstantin Mischanin, cuñado de Andrei Petrov; y de Josep Lluís Perarnau, responsable del club de hockey sobre patines de la localidad. El primero de ellos ocupa, según la investigación, un papel muy destacado dentro de la trama desmantelada.
Según ha podido saber ABC, Crespo habría recibido sobres cada tres meses de la trama liderada por Petrov, que en sólo unos años pasó de crear una constructora de la nada a monopolizar los principales proyectos urbanísticos de la mencionada localidad gerundense. Pero no sólo eso: el primer análisis de la documentación intervenida ha revelado que el exalcalde podría estar implicado en otras corruptelas al margen de las que habría mantenido con los rusos.
Caso Emperador
El Caso Emperador es una operación policial dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional de Españacontra la denominada "mafia china", involucrada en casos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal, así como de contrabando, delitos contra la hacienda pública y coacciones y amenazas contra la propiedad intelectual e industrial y contra los trabajadores.
Caso Scala
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado en el marco del caso Scala a 16 años de prisión al consejero de Comercio, Industria y Energía durante el último gobierno de Jaume Matas (2003-2007), Josep Juan Cardona, por liderar una trama por la que fueron desviados más de cinco millones de euros públicos a través del Consorcio de Desarrollo Económico de las islas (CDEIB). Se trata de la pena más elevada impuesta a un político de Baleares y de las más altas en el conjunto del país.
Caso Ayudas Cooperación
- La vida política de Rafael Blasco (derecha) arranca en los años sesenta en la clandestinidad, cuando ingresa en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) de ideología marxista-leninista. Al final del franquismo, Blasco ingresa en el PSOE. En la transición, junto a su hermano Paco, levantan el PSOE en la comarca de La Ribera y, cuando en 1983 Joan Lerma (izquierda en la imagen, de 1988) se convierte en el primer presidente de la Generalitat, Blasco es nombrado consejero de Presidencia. En aquellos buenos años, contrae matrimonio con Consuelo Ciscar, secretaria personal de Joan Lerma y hermana de Ciprià, titular de Educación.
- Blasco cuestiona el liderazgo de Lerma, que lo aparta a la Consejería de de Obras Públicas y Urbanismo en 1985. En 1989, Blanca Blanquer, responsable de Urbanismo, presenta una denuncia por sobornos a funcionarios a cambio de la recalificación de terrenos. Lerma destituye a Blasco como consejero. En la imagen, de 1991, Rafael Blasco declara durante el juicio en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. El Tribunal Supremo absolvió posteriormente a los seis acusados por considerar ilegales las escuchas practicadas a instancias del fiscal y presentadas como principal prueba por el ministerio público. Este caso supone la ruptura con el Partido Socialista.
- El destierro socialista hace que Blasco vuelva a su plaza como interventor municipal entre 1991 y 1994. Pero eso no le detiene. Crea el Partido Socialista Independiente (PSI), promueve un fracasado proyecto de Convergència Valenciana y, finalmente, se aproxima al PP a través de Eduardo Zaplana. La victoria del PP en 1995 le abre de nuevo la puerta de Presidencia. En la imagen, de 1999, Zaplana (al centro) y Blasco (izquierda) salen de grabar un debate electoral con la oposición en los estudios de Burjassot de la ahora extinta Ràdio Televisió Valenciana.
- En 1999, Zaplana (PP) premia a Blasco y le nombra consejero de Empleo (1999-2000) y de Bienestar Social (2000-2003). En la imagen, de 2002, Blasco defiende en las Cortes Valencianas su propuesta para ilegalizar la prostitución en la calle. El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, no sabe que, pese a su cercanía, Blasco será uno de los primeros en traicionarle para ponerse al servicio de Francisco Camps.
- En 2003, con las elecciones a la vuelta de la esquina, la Junta Electoral Autonómica sanciona con 450 euros al entonces consejero de Bienestar Social por infracción electoral a consecuencia de la publicación de un libro titulado "150 razones sociales" que había sido pagado con dinero público pero utilizado con fines partidistas. Esta sanción por incumplimiento de la ley electoral fue la primera impuesta a un consejero de la Generalitat Valenciana.
- Francisco Camps gana las elecciones por mayoría absoluta y, pese a su pasado, nombra a Rafael Blasco consejero de Territorio y Vivienda. Ejerció el cargo entre 2003 y 2006, años de urbanismo salvaje y de los primeros contratos con Gürtel. En la imagen, de 2003, el todavía candidato Camps muestra su cercanía a Blasco en el acto de presentación del programa sanitario del hospital de Alzira. Entre 2006 y 2007 Blasco será nombrado consejero de Sanidad.7. Camps, reelegido en 2007, orilla a Blasco y le otorga una cartera menor, la de Inmigración. En 2010, el estallido del caso Gürtel y la parálisis del Ejecutivo hacen que Camps pida a Blasco que diseñe una estrategia contra los escándalos. Blasco la aprovecha para lograr su nombramiento como portavoz y más competencias en la rebautizada Consejería de Solidaridad. En la imagen, de 2009, sostiene a un niño negro. En las escuchas que se hicieron de la trama de Cooperación, algunos implicados llamaban "negratas" a los que debían ser los destinatarios reales de las ayudas.8. Con el poder renovado, Blasco intenta abarcarlo todo. Pero mientras despliega su red, el sistema corrupto del área de Cooperación se resquebraja. El 23 de febrero de 2012, la policía registra la consejería de Rafael Blasco y se incauta de numerosa documentación. El mismo día, la policía detiene al director general de integración y cooperación, Josep María Felip; Marcial López, presidente de la Fundación Cyes; Arturo Tauroni Masia, director de la Fundación Hemisferio y su hermano César Augusto; Fernando Cañete Marco, y Marc Llinares Pico, un técnico informático que llegó a ser jefe del área de Cooperación. Las investigaciones cercan ya la trama de cooperación.9. En los meses siguientes se filtran docenas de documentos llenos de irregularidades que acaban en el juzgado y en los periódicos. En la imagen, de 2012, Rafael Blasco lee un documento supuestamente entregado por José Manuel Vela, consejero de Hacienda. El documento consistía en un informe del interventor de la Generalitat pedido por el juzgado sobre las subvenciones a la cooperación. Esta filtración hizo dimitir a Vela aunque posteriormente el caso quedó archivado por ausencia de acusación de la fiscalía.10. Camps no puede mantener a Blasco ante las presiones del PP. Pero lo intenta. Antes de dimitir, cambia la ley de Gobierno para permitir que su estratega, al que mantiene de portavoz parlamentario, pueda acudir a las reuniones del Consell con voz pero sin voto. Pero la llegada de Fabra y el avance del sumario judicial debilitan cada vez más a Blasco. En junio de 2013, ante la decisión del PP de expulsarle del partido y horas antes de que se materialice la medida, Rafael Blasco abandona el Grupo Popular y solicita pertenecer al grupo no adscrito. En la imagen, Blasco ocupa por primera vez su nueva posición en las Cortes Valencianas.11. Con el grupo parlamentario en contra, suspendido de militancia y con la cúpula del partido satisfecha por la liquidación de un posible problema, Rafael Blasco y el resto de la trama se sienta en el banquillo el 7 de enero de 2014. El 28 de mayo de mayo de 2014 fue condenado a ocho años de prisión. En la imagen, ocho de los nueve imputados: Augusto César Tauroni, Alexandre Catalá, Rafael Blasco, Josefa Cervera, Marcial López, Josep María Felip, Xavier Llopis y Marc Llinares. La novena acusada es Tina Sanjuán.Tanto al padre como a los hijos se les vincula con diferentes casos de corrupción y con la titularidad de abultadas cuentas corrientes en diferentes paraísos fiscales. El banco suizo Lombard Odier certificó posteriormente que dichas cuentas no existen en la actualidad, y el Ministerio del Interior aseguró que no reconocía el informe como oficial y que desconocía su autoría. Existen acusaciones de que el patrimonio de la familia ha aumentado exponencialmente durante las últimas décadas, con intereses inmobiliarios en diferentes países, especialmente en Latinoamérica, pero no han sido demostradas. Es el caso de Jordi Pujol Ferrusola y también de Oleguer, el menor de los siete hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola.La familia Pujol ingresó 3,4 millones en un mes en un banco de Andorra, afirma 'El Mundo'
El tribunal de cuentas
http://ecodiario.eleconomista.es/seleccion-editor-ed/noticias/5886742/06/14/Analisis-El-escandalo-de-enchufismo-del-Tribunal-de-Cuentas-invalida-el-discurso-regeneracionista-del-PP.html#.Kku8uxp69e2QyI5
CASO CAMPEON
Santiago de CompostelaCaso Gowex
LET'S GOWEX, S.A. (GOWEX)1 es una empresa española creada en 1999.2 Inicialmente dedicada a actividades de compraventa de capacidad de telecomunicaciones en España, empezó a partir de 2004 a dedicarse a las comunicaciones basadas en WiFi. En 2009 se enfocó en su negocio actual: la instalación de zonas de conexión wifi gratuitas en espacios públicos como calles, estaciones o quioscos.2 Su sede central está en Madrid. Tras el escándalo desatado en julio de 2014 en relación al presunto falseamiento de sus cuentas por parte de su consejero delegado, Jenaro García Martín, solicitó voluntariamente el concurso de acreedores.
Fue suspendida en el Mercado Alternativo Bursátil el 3 de julio de 2014.6 Tres días antes, Gotham City Research, una empresa de análisis económico y de inversión, radicada en Nueva York,7 8 había publicado un informe afirmando la condición deficitaria de las arcas de la empresa, calificándola de fraude,9 y comparándola con Pescanova (recientemente en quiebra).10 La reacción del consejero delegado de la empresa, Jenaro García Martín, que asistía a los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid,11 6 fue acusar al informe de contener "mentiras" y declarar que estaban estudiando emprender acciones legales, añadiendo que "lo que ha ocurrido es difamatorio".8 Gowex emitió un comunicado asegurando que la información recogida por Gotham era "rotundamente falsa" y que "desde el anonimato de un documento no firmado, el único objetivo que se busca es dañar tanto el valor de la acción como la imagen de la compañía".8
El escándalo, que afectaba a cerca de 5000 inversores,12 provocó que el valor bursátil de la firma, que era de 1400 millones de euros hacia el 1 de julio, cayera un 46% y un 26% en dos sesiones consecutivas, antes de ser suspendida en bolsa.13El sábado 5 de julio, Jenaro García reconoció ante algunos consejeros de la empresa que había falseado las cuentas de la sociedad durante al menos los cuatro años anteriores, tras lo que dimitió.18 El domingo 6 de julio la empresa anunció que el consejo de administración se había reunido el día anterior, aceptado la dimisión de García y solicitaba el concurso de acreedores,18 mientras el antiguo consejero delegado y presidente acudía voluntariamente al juzgado a confesarse responsable de haber falseado la contabilidad de la compañía,18 manteniéndose la suspensión de la empresa en el MAB.19
El 9 de julio se formalizaron por parte de los afectados las primeras querellas judiciales en la Audiencia Nacional contra Jenaro García, así como contra el resto del consejo y M&A Auditores.20
El ejercitoTeniente Segura: "La ciudadanía no puede regalar el Ejército a
los seudofascistas"El oficial, que acumula arrestos disciplinarios por sus denuncias sobre la corrupción en las Fuerzas Armadas pese a no haber recibido una sola demanda por aseveraciones falsas, pide a la ciudadanía que no abandone a los soldados ante una cúpula militar "que no representa a la sociedad"
MADRID.- El teniente Luis Gonzalo Segura se ruboriza cuando entra con su uniforme del Ejército de Tierra a la redacción de Público. Tras meses de denuncias de corrupción que le costaron ser apartado del servicio activo, su uso va siendo un recuerdo cada vez más lejano. Ahora considera que para cumplir su deber para con las Fuerzas Armadas ya no necesita enfundarse el traje caqui.
Habla con los redactores que se van acercando a él para preguntarle por su situación y, sin perder el buen humor, contesta que le quedan pocas horas de libertad. Uno de los militares que apoyan su causa le ha informado de que el instructor disciplinario militar ordenará su arresto cuando acuda a declarar al día siguiente. Solo duda si será de 30 o de 60 días. Fueron 60.
En menos de un año, ha pasado de ser un joven oficial cuyas calificaciones "rondaban el 8,8" a ser perseguido, espiado por la inteligencia militar y encerrado en un centro disciplinario por tercera vez. De formación universitaria, Segura entró a las FFAA obnubilado por una visita al centro geográfico militar: "Parecía que trabajaban con máquinas muy modernas, de forma muy técnica. Y luego esa serie de valores que se le presuponen al Ejército, de lealtad, de honradez, de honor..."
Sin embargo, muy pronto comenzaron sus dudas.Corrupción generalizada
Al principio eran "pequeños trapicheos", "fondillos" de unos cuantos cientos de euros: "Casi todo se enmarcaba dentro de la gasolina. En el Ejército, la gasolina es uno de los cajones de sastre que lo cubren todo". Era la forma de pagar en negro a los soldados y satisfacer pequeños caprichos de los mandos."Me encuentro con que en el 2010 tienen software del año 2000 y 275 elementos de hardware descatalogados. Y resulta que ese sistema costaba 1,3 millones de euros al año desde 1994"Todo cambia en 2009, cuando pasa al servicio de Información del Ejército de Tierra. Las cantidades ya no son pequeñas, "sino que eran varios millones de euros". El teniente menciona aquí un sistema para transmitir "información clasificada", por el que se pagaba 1,3 millones de euros al año a la sección de informática de El Corte Inglés. "Me encuentro con que en el 2010 tienen software del año 2000 y 275 elementos de hardware descatalogados. Y resulta que ese sistema lo llevábamos pagando todos los años desde el año 1994", explica.
Además del gasto económico, el sistema colocaba a España en una "situación de peligro". El Ejército estaba "haciendo circular la información obtenida por nuestros espías en otros países por un sistema que no podía acreditarse a nivel OTAN por obsoleto y por el que estamos pagando 1,3 millones de euros todos los años. La pregunta es: ¿A dónde va ese dinero?".
"En el mejor de los casos —continúa el teniente—, tú lo que quieres pensar es que hay negligencia. Porque si no la hay, es que hay un señor que se está llevando el dinero". Se pregunta por qué el Ejército paga a una empresa 1,3 millones de euros por un servicio obsoleto. "¿A cambio de qué? ¿A cambio de que a los mandos les regalen unos viajes a no sé dónde? Era terrible, esto ya no era un trapicheo", denuncia.Un paso al frente
Después, se le encarga "el inventario del material informático del Ejército de Tierra". Allí se encuentra con el "descontrol absoluto": "Expedientes que se trocean, la partida presupuestaria de dos millones y medio de euros para mantenimiento de material informático que me los gasto en lo que me da la gana... De hecho en la sección en la que estuve, antes de llegar yo estuvo un teniente que en septiembre fue condenado por vender ordenadores del Ejército en Ebay"."Las tarjetas black son 15 millones de euros. Yo aseguro que si hacen una auditoria en las FFAA de lo que se ha malgastado en las tarjetas de combustible, son más de 15 millones, que habría que ver dónde han ido"El sentimiento contra la corrupción que crece entre la ciudadanía es lo que le empuja a actuar. "Las tarjetas black son 15 millones de euros y yo aseguro que si hacen una auditoria en las FFAA de lo que se ha malgastado en las tarjetas de combustible, son más de 15 millones, que habría que ver dónde han ido", advierte, explicando que lo que le impulsó a dar un paso al frente fue "ver que la sociedad le da importancia a las tarjetas black pero ignora las tarjetas de combustible, que da importancia a Bankia con sus 18 o 19.000 millones de euros, pero ignora que se está comprando material bélico por valor de 40.000 millones de euros".
"Hay un momento clave en septiembre de 2011. Es cuando firmo el contrato de larga duración hasta 2023. En ese momento yo siento que tengo una posición desde la que podría iniciar una ofensiva con unas ciertas garantías". Antes, el Ejército podría haberle sacado del sistema sin dificultad. "Ha sido un suicidio hacerlo después de ese momento, pero hacerlo antes no habría tenido ningún sentido, el sistema me habría depurado muy fácilmente", observa.
Justicia militar controlada
Primero lo lleva por los cauces oficiales. Eleva partes a sus superiores, pensando que llegaría un momento en el que alguien se decidiera a actuar. "Soy consciente de que mi general es un corrupto y no va a hacer nada, pero yo pienso que el general de mi general, cuando se entere de todo esto, va a hacer algo". No es así."¿Cómo vas a pensar que un coronel o un general, juez, va a tolerar todo este tipo de situaciones? Como militar siento un bochorno increíble"Finalmente comienza a interponer denuncias. "El que no conoce la justicia militar se piensa que eso funciona. ¿Cómo vas a pensar que un coronel o un general, juez, va a tolerar todo este tipo de situaciones?", resalta el oficial, que acumulará 150 días de arresto en menos de un año cuando cumpla la sanción que afronta desde el pasado jueves.
En ese momento empieza a repasar hemerotecas . Busca las pistas que salen con cuenta gotas en los medios de comunicación sobre la corrupción del Ejército. "Compruebo que lo que yo estoy viviendo no me está pasando solo a mi, sino que le está pasando a más gente, que es algo generalizado", avanza. Termina convenciéndose de que la justicia militar no está por la labor de acabar con algunas de las prácticas que albergan en su seno las FFAA."Como militar siento una enorme vergüenza, un bochorno increíble, por la decisión que tomó el Juzgado Territorial Nº1 de Madrid cuando no quiso condenar al capitán y a los soldados que participaron en las palizas que se dieron a iraquíes —en Diwaniya, la base española en Irak—. El juez tiró de la doctrina Bush e hizo como en Guantánamo: como no sabemos si son terroristas aquí vale todo".
¿Pluralidad ideológica?
"Ninguna. En el Ejército solo hay una línea posible que es la línea ultraconservadora, la podemos llamar pseudo-fascista, y es lo único que se permite. Hay libertad de expresión siempre y cuando expreses ideas pseudo-fascistas", denuncia."En el Ejército no hay pluralidad ideológica. Solo hay una línea posible, que es la línea ultraconservadora"El teniente enumera entonces una serie de declaraciones de conocidos mandos militares que "pueden decir lo que quieran: se puede decir que el Gobierno es débil, que vamos a hacer una intervención militar, pueden incluso renegar del rey, pueden decir que la Constitución es bastarda". No puede evitar comparar lo que ocurre con estos mandos tras declaraciones de este tipo con sus arrestos por denunciar actividades corruptas. "Tienen total impunidad", acusa.
La dominación de una determinada ideología en la cúpula militar "genera un problema interno en las FFAA enorme", opina. También "un choque muy fuerte entre la cúpula y el resto de la sociedad, porque en la cúpula no hay militares o ciudadanos de izquierdas. Esa homogeneidad ideológica permite que las FFAA puedan ser usadas como ariete contra la propia sociedad", avisa Segura.
La ausencia de pluralidad entre los mandos más altos del Ejército ha provocado que estos sientan "una tensión ideológica contra el resto de la sociedad". Dicha cúpula "no se siente representada por la sociedad, siente que la sociedad es diferente a ella", manifiesta.
La izquierda en el Ejército
"La izquierda debe intentar superar estos problemas que han surgido con las Fuerzas Armadas, con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, que en un momento dado utilizados como órganos de represión durante la dictadura", sostiene el teniente, ya que "ya no estamos en la dictadura".
"¿Qué es lo que ha hecho la izquierda? Decir como tú me has reprimido y tengo mal recuerdo de ti, te doy la espalda, me olvido de ti y no quiero saber nada", explica, y afirma que tienen que ser "los ciudadanos los que pongan la cordura", especificando que "no pueden regalar las FFAA, el Ejército o la Guardia Civil a los pseudo-fascistas"."CCOO o UGT, ¿permitirían que en cualquier otro ámbito que no fuera las FFAA hubiese funcionarios, con contratos basura o mal pagados como están los soldados?""Por ejemplo: CCOO, o bien UGT, ¿permitirían que en cualquier otro ámbito que no fuera las FFAA hubiese funcionarios, porque los militares no dejamos de ser funcionarios, con contratos basura o mal pagados como están los soldados?", se pregunta Segura, argumentado que "no, en el único sitio donde lo consienten es en las FFAA porque son ese órgano represor", del que muchos ciudadanos tienen "muy mal recuerdo" y por eso le dan la espalda: "Si los soldados están mal que se fastidien y que no hubiesen querido ser soldados".
El militar afirma que lo entiende, puesto que hay heridas que tardan en cerrar y recuerdos enterrados muy profundamente en la sensibilidad de la sociedad española. Sin embargo, opina que "la forma de superarlo no es regalarle estos espacios a los pseudo-fascistas. No, la forma de superarlo es conseguir que sean completamente representativos de la sociedad, conseguir que sean de los ciudadanos".
"¿Miento? Demuéstrenlo con una auditoría"
Por eso, Segura pide "concentraciones a favor de todos estos militares que son mayoría", que no son "la cúpula militar sino la tropa, donde hay gente de izquierdas, derechas y de centro". "No comprendo cómo las organizaciones sociales no han hecho ya una concentración frente al Ministerio de Defensa para exigir que cese el pago de esos 40.000 millones de material bélico", confiesa."Si la auditoría dice que yo miento el honor de la institución queda limpiado y se podrían emprender acciones legales de consideración contra mí"Además, pide al Ejército que en vez de intentar acallarle con arrestos, realice "una auditoría". "Si la auditoría dice que yo miento el honor de la institución queda limpiado y se podrían emprender acciones legales de consideración contra mí", expone, explicando que "la calumnia en el Ejército está castigadísima, a lo mejor estamos hablando de diez años de cárcel". "Que me metan diez años de cárcel si demuestran que lo que digo no es cierto, pero primero que se haga esa auditoría", solicita.
"La cúpula sabe perfectamente que lo que digo es cierto", adelanta Segura, que asevera que no ha recibido ni una sola demanda ni se le ha abierto expediente disciplinario alguno por mentir. "Lo que hacen es abrirme una serie de expedientes diciendo que mis palabras atentan contra la disciplina de las FFAA. ¿Acaso son falsas? No, porque no me denuncian por ello”.
"Pero sí gastan recursos públicos en perseguirme y espiarme a mí, cuando no he dicho una sola palabra que atente contra la seguridad nacional, lo que yo digo atenta contra la seguridad de la cúpula militar. Todos esos recursos se podían utilizar en investigar lo que digo es cierto o no", concluye el oficial, que estará recluido en el centro disciplinario de Colmenar Viejo hasta el 15 de marzo.
Los casos judiciales relacionados con corrupción política en España se reflejan, en 2015, en unas 1700 causas y más de 500 imputados o investigados (de los cuales únicamente 20 han sido condenados y entrado en prisión).1 En 2013, según el Consejo General del Poder Judicial, en España se investigaban 1661 casos de corrupción. La comunidades autónomas con más casos en fase de investigación judicial son Andalucía (8 440 300 hab.) con 541, y la Comunidad Valenciana (5 129 300 hab.) con 200 casos. La que menos casos tiene es La Rioja (323 600 hab.) con 4.2
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Casos_judiciales_relacionados_con_corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_en_Espa%C3%B1a
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