La masacre de El Mozote es el nombre que reciben un conjunto de masacres contra población civil cometidos por el batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador, durante un operativo de contrainsurgencia, realizado los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en los cantones (aldeas) de El Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán, en El Salvador.
Según las
investigaciones posteriores de la Comisión
de la Verdad (organismo de la ONU creado
para investigar los hechos de violencia cometidos durante la Guerra civil
salvadoreña) 3 fueron 978 personas ejecutados,
553 eran menores de edad, fueron asesinados en El Mozote y los cantones aledaños. 4 El Estado salvadoreño hace
oficial el número de víctimas 36 años después de la
masacre y las eleva a 1,658 al tomar en cuenta a los familiares de los
asesinados, a los sobrevivientes y a los desplazados. 4 Se la considera no solo el mayor
acto de violencia contra población civil
cometida por agentes gubernamentales, durante la Guerra Civil de
El Salvador, sino también la peor masacre del Hemisferio Occidental en
tiempos modernos.
El gobierno
militar salvadoreño realizó una acción antiguerrillera en el norte de El
Salvador, denominada Operación Rescate. En ella participaron el batallón
Atlácatl, participaron unidades de la Tercera Brigada de Infantería y del
Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera.5
En la tarde
del 10 de diciembre de 1981,
unidades del batallón Atlácatl del
ejército salvadoreño llegaron al alejado cantón de El Mozote en busca de
insurgentes del FMLN. El Mozote era una pequeña población
rural con cerca de veinticinco casas situadas alrededor de una plaza, además de
una iglesia católica
y, detrás de ella, una casita conocida como el Convento, que usaba el sacerdote
durante sus visitas a la población. Cerca de la aldea había una pequeña escuela. A su llegada, los soldados ordenaron
a los pobladores que salieran de sus casas y se formaran en la plaza. Allí les
pidieron información sobre las actividades de la guerrilla y luego les
ordenaron que volvieran a sus casas y permanecieran encerrados hasta el día
siguiente,6 advirtiendo que dispararían contra
cualquier persona que saliera. Los soldados permanecieron en la aldea durante
toda la noche.
A la
madrugada del 11 de diciembre de 1981, los soldados volvieron a reunir a la
población entera en la plaza. Separaron a los hombres y ancianos de las mujeres
y de los niños, y los encerraron en grupos separados: en la iglesia al primer
grupo y en una casa al segundo.7 Durante toda la mañana
procedieron a interrogar mediante torturas a los pobladores. Cada hombre, mujer
y niño, al terminar la sesión de tortura,
era ejecutado.
El mismo 11
de diciembre de 1981, los soldados mataron a más de veinte personas en el
cantón La Joya; el día 12, unas treinta personas en el caserío La Ranchería; el
mismo día, por unidades del batallón Atlácatl, los moradores del caserío Los
Toriles; y el día 13, a los pobladores del caserío Jocote Amarillo y del cantón
Cerro Pando.2
En El Mozote
y en los demás caseríos fueron asesinadas más de quinientas personas
identificadas, y varios centenares de víctimas que no han podido ser
identificadas.2
De estas
masacres existe el relato de testigos que las presenciaron, así como de otros
que posteriormente vieron los cadáveres, que fueron dejados insepultos. En el
caso de El Mozote, fue plenamente comprobada, además, por los resultados
de la exhumación de cadáveres practicada en 1992, realizada por el Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF).
A pesar de
las denuncias públicas del hecho, de las fotografías de Susan Meiselas y de un enorme cúmulo de
pruebas, las autoridades salvadoreñas no ordenaron ninguna averiguación y
negaron permanentemente la existencia de la masacre.2
El ministro
de Defensa y el jefe del Estado mayor han negado a la Comisión de la Verdad
tener información que permita identificar a las unidades y oficiales que
participaron en la Operación Rescate. Han expresado que no existen archivos de
la época. 2
El presidente
de la Corte Suprema ha tenido una injerencia parcializada y política en el
proceso judicial iniciado sobre la masacre en 1990.
El 16 de
enero de 2012 ―en el marco del veinte aniversario de la firma de los Acuerdos de
Paz de Chapultepec y en nombre del Estado y en su calidad de
comandante general de la fuerza armada salvadoreña― el
presidente Mauricio Funes pidió perdón a los
familiares de las víctimas por los hechos ocurridos durante la masacre, y
mencionó como responsables de la matanza al teniente coronel Domingo Monterrosa
Barrios, el lugarteniente José Azmitia y el teniente coronel
Natividad de Jesús Cáceres, causando un cierto nivel de repudio dentro de la
Fuerza Armada. Además anunció una serie de medidas para la reparación moral y
económica en favor de los habitantes del asentamiento, y su reconocimiento como
“Bien Cultural” del país. El 2 de junio de 2019 fue retirado el nombre del
coronel Domingo Monterrosa del cuartel militar de San Miguel por orden directa
del recién juramentado presidente Nayib Bukele.2
Posteriormente,
en una cadena nacional, realizada el día 25 de septiembre de 2020, el presidente
Bukele aclaró que los archivos se encuentran extraviados y pudieron haber sido
destruidos por los gobiernos anteriores.
El subsecretario del Estado, Thomas
Enders, de la Administración Reagan sobre la masacre
de El Mozote, el 8 de febrero de 1982, señaló: "No hay ninguna
evidencia que confirme que las fuerzas gubernamentales [de El Salvador apoyadas
por EE.UU.] masacraron sistemáticamente a los civiles en la zona de
operaciones".
Enders hizo esta declaración una semana después de que en los periódicos
norteamericanos empezaran a aparecer los testimonios de la masacre de cerca de
800 aldeanos inocentes en una campaña de contrainsurgencia contra las
guerrillas de izquierda efectuada por el Gobierno salvadoreño derechista.
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